Ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, su esposa Diana, su hija Laura, su nieto Juan Sebastián, que por aquí ha pasado de un lado para el otro, y su distinguida familia; ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, su madre Graciela y su sobrino Juan Camilo; directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE encargada, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo; congresistas de la República, funcionarios del gobierno Nacional, medios de comunicación y en general a quienes nos acompañan en el día de hoy.
Pues comienza la renovación del gabinete, que seguramente será el de la fase final del gobierno, fase final que tiene que ser marcada, necesariamente y sobre todo este año, por el cumplimiento del programa. Cumplir es lo que el pueblo demandó en su voto del 2022, que hizo un cambio, ese cambio debe profundizarse.
El cambio tiene que ser democrático, es decir, que el pueblo tenga cada vez más poder. Democracia no significa más sino el poder del pueblo, no hay que explicarlo mucho, no se necesita estudiar Ciencia Política para saber de este concepto.
El poder del pueblo es la democracia y, entonces, un cambio hacia la democracia es entregarle, cada vez más, poder al pueblo, bienestar al pueblo y las reformas que se han presentado tienen que ver con eso.
Solo una ha pasado el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte (Constitucional) y las otras están perversamente estancadas en el Congreso. Luego, hay que entender, lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque si no las fuerzas contrarias al cambio lo detienen.
No es que el gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas, sino que, además, tiene las fuerzas que siempre han sido las privilegiadas del poder, las que han conducido a Colombia a la desigualdad social y a la violencia y a la falta de democracia, a la exclusión, casi que permanente, de la mayoría de la población de las grandes decisiones del país y de su propio bienestar; porque la antidemocracia tiene un efecto económico, la riqueza del país va para unos pocos.
Necesitan mantener el pueblo alejado del poder para que, precisamente, la riqueza del país, que es de todos, termine en manos de cuatro o cinco personas, algunos corruptos y nada más. Luego, si queremos el cambio toca derrotar esa resistencia y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando al pueblo. Luego, este año tiene que ser el año de la movilización.
Un Estado Social de Derecho para el pueblo
Al ministro del Trabajo le corresponden dos grandes reformas, defenderlas a como lugar, aplicarlas, porque aún dentro de las normas constitucionales presentes y vigentes, se pueden hacer cambios.
Intentan detener los cambios legislativos, pero la Constitución es clara en que tiene que haber un Estado Social de Derecho. Palabra que se olvida permanentemente, incluso los mismos juristas hablan es de Estado de Derecho como si no hubiéramos cambiado la Constitución.
La Constitución cambió del Estado de Sitio a un Estado Social de Derecho. El Estado de Sitio era la Constitución anterior, porque prácticamente vivíamos en Estado de Sitio, es decir, no regía la Constitución del 86, que hablaba de un Estado de Derecho, sino que regía un régimen de excepción dictatorial. Durante 25 años marcó mi juventud que era el Estado de Sitio donde él, por decreto, un presidente dictatorialmente podía pasar normas aún inconstitucionales.
No existía la Corte Constitucional en ese entonces, sino una sala. Quitar libertades, quitar derechos. Yo fui puesto preso quitando mi libertad por nada.
No sé si (Antonio) Sanguino lo fue también. Y entonces los ciudadanos no podíamos protestar, no podíamos rebelarnos. Rebelarse es un derecho de cualquier ciudadano cuando lo dirige una tiranía y lo que teníamos era una tiranía.
La Constitución del 91 cambió ese régimen normativamente, no realmente. Normativamente porque habló de Estado Social de Derecho, no realmente porque lo que tenemos son regímenes mafiosos gobernando extensos territorios de Colombia. Y entonces, ¿cómo construir un Estado Social de Derecho en este gobierno? Es la propuesta que hicimos.
Y un Estado Social de Derecho implica poder para el pueblo y derechos para el pueblo y libertades para el pueblo, reales. Poder para el pueblo real, no en discursos.
Reformas laboral y pensional, retos del nuevo Ministro
Cuando hablamos del trabajo tenemos dos reformas, entonces: la laboral y la pensional.
¿En un Estado Social de Derecho los trabajadores y las trabajadoras deben ser tratados como esclavos y esclavas? ¿En un Estado Social de Derecho una trabajadora, a partir de que se le contrata espuriamente por dos o tres meses, el patrón puede acosarla sexualmente, condenarla a una especie de esclavitud a cambio de que pueda comer?
Condenar a la esclavitud a los seres humanos en general, hombres y mujeres, porque si no, no hay salario, no hay ingreso, porque el contrato no es un salario según nuestras normas, porque a los trabajadores que estaban a tiempo indefinido los volvieron contratistas espurios y, por tanto, esclavizados y esclavizadas.
¿Eso es coherente con un Estado Social de Derecho? Nosotros decimos que no, que en un Estado Social de Derecho la fuerza del trabajo tiene dignidad, así a los más ricos no les guste en Colombia darles dignidad a sus trabajadores, porque aún creen que son esclavistas, que las jornadas laborales terminan siendo juntas en promedio las más largas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con Turquía y, al mismo tiempo, la más baja productividad de la OCDE, de lejos separados del penúltimo lugar que es México.
Y, entonces, no se entiende que la baja productividad, que es la que trae pobreza, falta de riqueza, no está ligada a la larga jornada laboral.
Pues claro que ambas cosas están juntas, la prensa no los cuenta porque la prensa es propiedad de los hombres más ricos de Colombia, que son los que esclavizan a los trabajadores y a las trabajadoras de sus propias empresas. O sea, ¿qué sindicatos hay en los medios de comunicación? Pregunta que yo me haría.
Y, entonces, aquí pues Antonio tiene una gran misión que cumplir, colosal, y es que los trabajadores y trabajadoras de Colombia tengan dignidad, sean tratados con dignidad en el país.
Gloria Ramírez hizo un gran esfuerzo en esa materia y avances indudables. Uno de esos que hay que rescatar es que, dado que el Congreso no aprueba la reforma laboral, no está con el pueblo trabajador, que es la mayoría nacional, sino que representa intereses plutocráticos hasta este momento. Plutocracia que además reparte mucho dinero en la política.
Entonces, con Gloria decidimos subir el salario mínimo excepcionalmente en la historia económica. Y ese es uno de los grandes triunfos, porque, contrario a lo que dicen los expertos, entre comillas, que no son más sino ideólogos neoliberales, que pregonaban que si subíamos el salario mínimo muy por encima de lo que pedían los empresarios que llegan a esas reuniones, se estancaba la economía y aumentaba el desempleo.
Pues ya casi tres años han pasado de hacerlo y lo que tenemos como datos es que aumenta el empleo y aumenta la producción económica.
Entonces dicen mentiras para intentar que el pueblo se autoengañe, reflexionando que opinando que entre más ganen salarios, entonces, terminarán perdiendo el puesto. Tratando de enfrentar a unos trabajadores con otros trabajadores, porque unos trabajadores piden más salario.
Pues más salario va a haber en Colombia. No solamente por el número de personas que se puedan llamar a sí mismos no contratistas sino asalariados, que significa una laboralización, que significa que los contratos a término indefinido espurios deben terminar, empezando por el Estado. Pero en todo el continente del trabajo en Colombia también.
Esa es su misión.
Y tiene otra que es la reforma pensional. ¿Cómo se puede entender que hablemos de un Estado Social de Derecho y que la mayoría de los viejos y viejas de este país se mueran de hambre? ¿Cómo podemos pensar en un Estado Social de Derecho, cuando el mismo Estado condena a los sabios y sabias del país, que otras comunidades ancestrales reconocen como sus faros en la guía de una sociedad y los respetan, entonces aquí los dejen morir?
Porque no son capaces de que exista un derecho a la pensión. Porque también afecta las finanzas de los banqueros. ¿Banqueros o millones de viejos? ¿A dónde va el dinero pensional? Lo que sabemos hoy es que la inmensa mayoría de quienes se han afiliado a los fondos privados de pensiones no van a obtener una pensión.
