La renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la prescripción del proceso penal en su contra ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político.
Para analizar las implicaciones de esta decisión, Zona Cero conversó con el abogado penalista Juan Carlos Cantillo, quien explicó que la medida, aunque jurídicamente es de poco impacto, sí tiene una fuerte carga política.
Según Cantillo, la prescripción «es una garantía legal que establece un límite de tiempo para que un procesado sea investigado y juzgado».
En el caso de Uribe, el plazo de prescripción se había interrumpido con la medida de aseguramiento en 2019, lo que le daba al Tribunal Superior de Bogotá hasta el próximo 16 de octubre para fallar.
Este inminente plazo había llevado a la instancia judicial a acelerar el proceso. Sin embargo, el penalista aclaró que la decisión del juzgado de fallar antes del vencimiento de términos ya era una certeza.
«La decisión de renunciar a la prescripción hubiera tenido más impacto si se hubiese tomado al inicio del juicio, porque le hubiera dado más tiempo a la justicia para no correr tanto», indicó Cantillo.
Dos lecturas de una decisión sorpresiva
Para el abogado, la renuncia de Uribe a este derecho, aunque jurídicamente poco trascendente en esta etapa del proceso, tiene dos posibles lecturas políticas.
Una sería darle más tiempo al Tribunal: una interpretación es que el expresidente busca dar en esa instancia un plazo más amplio para evaluar las pruebas y el recurso de apelación, con la esperanza de que la decisión final sea favorable y revoque el fallo de primera instancia.
Y segundo, evitar un impacto electoral: esta segunda lectura, y la más analizada por el abogado, es que esta determinación busca que una eventual condena se dé después de las próximas elecciones presidenciales.
«Si el expresidente Uribe es condenado ahora en octubre, como se esperaba por el tema prescriptivo, eso puede generar un golpe mediático electoral», explicó el penalista.
Al renunciar a la prescripción, el Tribunal tiene más tiempo, y la decisión podría posponerse hasta el próximo año, una vez haya pasado la contienda electoral, minimizando así su impacto político.
Cantillo aseguró que, si bien la decisión del expresidente «es una garantía legal para todos los ciudadanos», su falta de relevancia jurídica en este momento del proceso hace que la lectura más pertinente sea de «naturaleza política».
«Yo creo que quedará en el tiempo y en los primeros hechos a partir también de su estructura y sus perspectivas establecer cuál era el fin de tal renuncia a la prescripción», finalizó.
