La senadora Martha Peralta Epieyú, representante de La Guajira, interpuso una denuncia formal ante la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos en contra de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, ESEPGUA S.A. E.S.P., por presuntas irregularidades fiscales, contractuales y operativas en el manejo de recursos que, para 2024, superan los 300 mil millones de pesos.
La congresista wayuu alertó que, a pesar de esta cuantiosa inversión, la realidad en el terreno es diametralmente opuesta: comunidades enteras continúan sin acceso a agua potable, plantas de tratamiento permanecen inoperantes y una red de contratos opacos con múltiples prórrogas evidencia una grave crisis de gestión.
«Acabo de interponer una denuncia formal contra ESEPGUA. Manejaron cerca de $300 mil millones de pesos, recursos que no se ven en la región. Seguimos con comunidades sedientas, obras inconclusas y contratos que se extienden sin justificación. Aquí no faltan los recursos; lo que falta es transparencia y voluntad para transformarlos en soluciones reales», declaró la senadora con firmeza.
Según la denuncia, las fallas detectadas son estructurales e incluyen desde obras de infraestructura abandonadas hasta unos gastos administrativos desproporcionados que desvían los fondos de su propósito esencial: llevar agua a las familias. Peralta enfatizó que esta situación convierte la crisis hídrica en un «asunto de vida o muerte» para miles de habitantes, quienes dependen de racionamientos, pozos artesanales no aptos para el consumo o la compra de agua a precios elevados.
Con esta acción legal, la senadora busca que la Contraloría General inicie de inmediato una auditoría especial integral que escudriñe el manejo financiero, los procesos de contratación y las decisiones operativas de la empresa. De manera paralela, exige a la Superintendencia de Servicios Públicos que ejerza sus facultades para verificar la calidad y la cobertura real del servicio en el departamento, uno de los más críticos en materia de abastecimiento de agua en el país.
«Desde el Congreso, seguiremos firmes en la defensa de los derechos de nuestra gente. Mantendremos la vigilancia extrema y tendremos los oídos abiertos para escuchar a las comunidades, que son las verdaderas voces de esta emergencia», puntualizó Peralta.
Esta denuncia reabre el debate nacional sobre la eficacia de las millonarias inversiones destinadas a resolver la crisis hídrica en La Guajira. La expectativa ahora recae sobre los organismos de control, de quienes se esperan investigaciones exhaustivas y, de ser necesario, la aplicación de sanciones ejemplares y correctivos urgentes para una empresa que tiene en sus manos un recurso tan vital como el agua.
