El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal entró en su etapa más crítica: la cuenta regresiva hacia una eventual prescripción, que dejaría sin efecto las investigaciones en su contra si no se emite una condena en firme antes del 8 de octubre de 2025.
Este caso, que ha sacudido la opinión pública y marcado un hito en la historia política y judicial del país, se remonta a 2018, cuando inició en la Corte Suprema de Justicia. Fue allí donde, el 8 de octubre de 2019, Uribe rindió indagatoria, diligencia que interrumpió el conteo inicial del término prescriptivo y lo reinició bajo los parámetros del artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, que reduce el nuevo término a la mitad de la pena máxima posible.
Según penalistas como Francisco Bernate e Iván Cancino, ese plazo es de seis años, lo que fija como fecha límite el 8 de octubre de 2025. Si llegado ese día no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, la justicia colombiana deberá archivar el caso de manera definitiva.
El proceso ha pasado por cinco fiscales y dos intentos fallidos de preclusión por parte del ente acusador. Finalmente, el fiscal Gilberto Iván Villarreal radicó el escrito de acusación el pasado 9 de abril de 2024, abriendo el camino hacia un juicio inédito: el primero contra un expresidente de Colombia por presuntos delitos relacionados con la manipulación de testigos.
La defensa del exmandatario, los sectores afines y sus críticos observan cada paso del proceso con atención. Mientras tanto, el reloj judicial avanza.
