Quedó inhabilitado en el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El representante a la Cámara Carlos Alberto Cuenca fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción de sufragante, agravado y en la modalidad de continuado que le atribuyó la Sala de Instrucción de esta Corporación.
Los hechos están relacionados con una reunión realizada el primero de marzo de 2014, durante la campaña electoral de ese año, en la vivienda de la señora Cecilia Pacheco Cabria, ubicada en el barrio La Esperanza de Inírida, y contando con la presencia de los habitantes de la población, así como integrantes de las comunidades indígenas.
“Allí, de acuerdo con la investigación, les ofreció bultos de cemento y tejas de zinc, a cambio de que votaran por él. Posterior a tal reunión, personas cercanas de la campaña del Congresista entregaron a los votantes los elementos de construcción prometidos”, señaló la Corte Suprema.
La Sala tuvo en cuenta que el procesado prevalido de su reconocimiento en la comunidad dada su labor como Congresista, se aprovechó de las necesidades de los pobladores en capacidad de elegir, algunos de ellos de origen indígena, estableciendo una coordinación con su equipo de campaña para facilitar la entrega de los bienes prometidos a cambio de su voto, traicionando no solo la confianza depositada en él para ser reelegido nuevamente como Representante a la Cámara, sino soslayando los bastiones de los mecanismos de participación democrática en contra de la pureza y pulcritud que debe reinar en los comicios electorales.
En consecuencia, la Sala le impuso las penas 92 meses más 1 día de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como multa de quinientos ochenta y ocho punto noventa (588.90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, concediéndole la prisión domiciliaria.
