En lo corrido del año 2025, 12 Cobradiarios han sido asesinados en Barranquilla y su área metropolitana. La violencia que rodea esta actividad considerada ilegal ha generado alarma entre defensores de derechos humanos.
De los casos registrados, 8 ocurrieron en la ciudad de Barranquilla, específicamente en los barrios Los Girasoles, Simón Bolívar, Las Américas, Buena Esperanza, El Pueblito y Villa Sevilla.
3 homicidios más se registraron en el municipio de Soledad, en zonas como el sector Los Ángeles, barrio Villa Adela y la calle 30 con Circunvalar, mientras que un caso adicional se reportó en el municipio de Galapa.
Solo en la última semana, tres cobradiarios fueron asesinados, lo que según expertos, responde a múltiples factores como retaliaciones entre bandas criminales, hasta conflictos directos con deudores que no logran cumplir con sus compromisos financieros bajo las condiciones abusivas del conocido “gota a gota”.
Víctor Ríos, Defensor de Derechos Humanos, explicó en diálogo con Zona Cero que estos crímenes están “directamente relacionados con las dinámicas ilegales del sistema de préstamos informales”.
“Los asesinatos de cobradiarios se puede estar dando porque las personas de pronto no quieren cumplir esa clase de compromisos que de todo punto de vista es ilegal. Si a una persona le están cobrando un interés que es ilegal, los niveles de falta de tolerancia pueden llevar a los acreedores, a los deudores a que cometan esos delitos, porque de igual manera el que cobra es ilegal y el que acaba con la vida de una persona también es ilegal”, afirmó.
Ríos fue enfático al señalar que este fenómeno representa un círculo vicioso delictivo, donde tanto quien presta como quien recibe el dinero está participando en actividades al margen de la ley.
“El préstamos de dinero ha contaminado todos los estratos socioeconómicos, esto se ve más en el sur de la ciudad, pero no se descarta que se esté dando en el norte de Barranquilla. Es una práctica que se ha vuelto tan común que a las autoridades les queda muy difícil controlar los altos índices de homicidios. Es una cuestión que ya le compete más a la Alcaldía”, precisó el Defensor de Derechos Humanos.
Víctor Ríos sugirió que para frenar estos casos “hay que iniciar labores pedagógicas porque las personas de bajo recurso siempre van a solicitar este tipo de servicios de ‘gota a gota’, y obviamente que ahí se desprenden un sinnúmero de problemáticas sociales”.
“Es una situación de composición social porque la persona que presta como la persona que accede a esta clase de servicios están realizando una labor ilícita, entonces, cuando ya la persona que presenta un capital y está cobrando un rédito sobre capital de carácter ilegal y que aparte se subroga autoridades indebidas para cobrar, de forma ilegítimas puede llegar y utilizar la violencia. Es una práctica que es completamente ilegal de principio a fin. Tanto como el que cobra, como la forma en que se cobra. Los deudores también asumen esa postura ilegal, muchas veces quieren saldar sus deudas, es decir, por la vía ilegal, utilizando la violencia. Esto se ha convertido en un círculo vicioso”.
“Para nadie es un secreto que las personas que prestan estos dineros a unos intereses ilegales utilizan estas prácticas para lavar activos y entonces son personas que se encuentran inmersas en un negocio ilícito y no se descarta que a las personas que le estén prestando ese capital también sean personas que estén vinculadas con grupos al margen de la ley”.
En ese sentido, manifestó que no se descarta que algunos asesinatos sean ejecutados por integrantes de estas bandas como método de control interno, castigo o intimidación.
“Es una cadena delictiva en la que el dueño del capital es el que pone a trabajar todo este dinero, que es completamente ilegal, la entrega en calidad de préstamo a los cobradores, ese mismo capital debe rendir y entonces muchas veces cuando estas personas no llegan a esos topes o no cumplen todas las metas, se presentan ese tipo de retaliaciones”.